En el siguiente artículo estudiamos los requisitos que deben concurrir para que pueda decretarse la prisión provisional.

Es importante destacar con carácter previo que, según lo mantenido por nuestro Tribunal Constitucional, la prisión provisional se trata de una medida cautelar, de carácter excepcional y subsidiaria.

Lo anterior quiere decir que, sólo puede ser acordada en aquellos supuestos en los que existan riesgos importantes para la instrucción penal esto es, cuando sea objetivamente necesaria y no existan otras medidas menos gravosas para el derecho o la libertad del sujeto a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.

 

¿Quién puede acordar la prisión provisional?

 

La prisión provisional sólo puede ser acordada por los órganos judiciales cuando concurran los requisitos para ello.

No se adoptará en ningún caso la prisión provisional cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho no es constitutivo de delito o que el mismo se cometió concurriendo una causa de justificación.

No podemos olvidar que los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional están vinculados con la necesidad de garantizar el normal desarrollo del proceso penal en el que se debe adoptar la medida, especialmente para asegurar la presencia del imputado en el juicio y evitar las posibles obstrucciones a su normal desarrollo.

Por ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 503.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se establece que:

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al imputado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral

Por otro lado, debemos recordar que la prisión provisional nunca puede perseguir una anticipación de la pena ya que constituye única y exclusivamente una medida cautelar.

 

¿Qué requisitos han de cumplirse para acordar la prisión provisional?

 

Para determinar si se debe decretar la prisión provisional, debemos estudiar las siguientes circunstancias:

1º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviera antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso.

2º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quién se haya de dictar el auto de prisión.

Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:

a) Asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente riesgo de fuga.

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

c) Evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.

También podrá acordarse la prisión provisional para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos.

 La prisión provisional, durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos, no pudiendo exceder su duración de un año si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, o de dos años si la pena privativa de libertad señalada para el delito fuera superior a tres años.

No obstante, podrá acordarse por el juez una prórroga de hasta dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años, o de hasta seis meses si el delito tuviera señala pena igual o inferior a tres años.

 

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